El origen del sistema previsional de hoy, fue fruto de innumerables luchas políticas y sociales de los trabajadores chilenos desde mediados del siglo XIX, por obtener ciertos derechos que si bien nosotros podemos considerarlos “naturales”, antiguamente eran todo un logro: tener derecho a salario mientras estabas enfermo, dejar la pensión del marido a su esposa cuando éste fallecía, tener derecho a ser atendido en un hospital cuando estabas enfermo o a tener medicamentos, son todos pequeños hitos pero grandes logros que los trabajadores se fueron ganando a punta de enormes sacrificios y fruto de su organización. Distintas capas sociales existían en el período en el cual comienzan los primeros antecedentes en materia previsional y de derechos de los trabajadores entre ellos esta la burguesía y el proletariado.
Desde fines del siglo XIX e inicios del XX, el Estado concentró gran parte de sus esfuerzos en crear un sistema de previsión que asegurara una mejor calidad de vida durante el período laboral y el retiro de los trabajadores. En este sentido las leyes sociales fueron pioneras con normativas como la ley de descanso dominical, accidentes del trabajo y jornada laboral. Sin embargo, iniciativas como pensiones de jubilación, asistencia médica y sostenimiento de huérfanos y viudas, eran funciones asumidas por las mutuales y organizaciones de socorro mutuo creadas por los mismos trabajadores.
El escenario anteriormente mencionado se mantuvo estable hasta mediados de 1924, año en el que se dio curso al funcionamiento de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio y la Caja de Previsión de Empleados Particulares, seguidas muy prontamente por la Caja de Empleados Públicos. Estas instituciones se nutrían de las cotizaciones obligatorias que realizaban los trabajadores, empleadores y el Estado, lo que aseguraba al beneficiario atención médica, pensión de invalidez y una jubilación a partir de los 65 años de edad. Basado en un sistema de reparto, los montos de las pensiones se distribuían en base al conjunto de los recursos acumulados por el total de los cotizantes.
Las cajas de empleados particulares y públicos funcionaban de manera similiar. Los fondos se reunían a través de las cotizaciones individuales y los aportes del empleador, en el caso de la Caja de empleados particulares, y con el auxilio complementario del Estado, en el caso de los públicos. Ambas instituciones otorgaban una pensión de retiro a los 30 años de servicio o a los 50 años de edad, así como tambien préstamos en dinero deducibles de la cuenta que cada empleado mantenía en la caja. A comienzos de 1937 se instauró una asignación familiar que se pagaba directamente al cotizante por cada miembro de su familia que dependiese de él. Sin embargo, y a diferencia del Seguro Obrero, la Caja de Empleados Particulares no garantizaba la atención médica de sus afiliados.
El debate sobre posibles modificaciones a este sistema se inicia durante la década de 1940 y se materializó con la reforma de 1952, época en que se crearon el Servicio del Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud, siendo dependientes de las contribuciones de los afiliados al sistema de previsión social. Para los antiguos miembros del Seguro Obrero, esto implicó la adquisición de nuevos beneficios, como la pensión de sobrevivencia, el subsidio a la maternidad, la mejora en las pensiones de invalidez y la ampliación a toda la familia de la cobertura en salud. Asimismo, el régimen de reparto fue aplicado también a los empleados particulares y, en el caso específico de obreras y empleadas, se les dejó de exigir un número de años de servicio y se rebajó a 60 años la edad de jubilación.
Como es posible vislumbrar, hacia mediados del siglo XX, existían en Chile numerosas organizaciones y agrupaciones creadas por los propios trabajadores(as) con el único propósito de brindar mayor seguridad y beneficios a sus asociados, todo un logro para la época. Grez, S. señala:
«...Preciso y urgente aconsejar y hasta ordenar la sobriedad al artesano y al peón gañán, al inquilino y al roto ambulante de las ciudades y los campos, a todo el que trabaje por jornal o sueldo para sostener a su familia; porque con la disipación y sus consecuencias no hay adelanto posible para las clases obreras, y todo lo que detiene ese adelanto retarda la mejora social, o sea la emancipación moral y
material de esa mayoría de nuestros conciudadanos, que no serán independientes ni libres ni ejercerán bien sus derechos políticos mientras no sean honrados, económicos y sobrios»
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